LEYES EN SEGURIDAD EN CONTRA
TERREMOTOS (II).
En el año de 1999 se elaboró
el proyecto RADIUS, que se hizo en Guayaquil, el cual puso a la orden un
completo estudio del riesgo sísmico en esta ciudad y estableció, entre otros puntos,
un plan de acción para reducirlo.
Guayaquil es una de las tres
zonas del país sensibles ante movimientos telúricos (junto a Quito y
Esmeraldas), situación que le ha impuesto la necesidad de prepararse en cómo
actuar en caso de catástrofes causadas por un terremoto.
Para reducir el riesgo
sísmico, la ciudad cuenta con un manual de diseño sismo resistente de
estructuras y un estudio del comportamiento dinámico del subsuelo y la
microzonificación sísmica. Estos, contratados por el Municipio local.
La Norma Ecuatoriana de la
Construcción (NEC) y un manual práctico para la caracterización geológica,
geotécnica y sísmica de Guayaquil, son las contribuciones del Estado para
prevenir daños sísmicos.
Guayaquil tiene una red de
acelerógrafos instalados en distintos sectores urbanos permite registrar los
movimientos del suelo durante los sismos. Estos dispositivos miden la
aceleración del suelo, dato que está asociado al nivel de daño que puede causar
en las estructuras.
¿Es suficiente esto en
Guayaquil, una ciudad vulnerable a los sismos? Dos expertos analizan la
situación y responden:
Jaime Argudo, catedrático y
especialista en ingeniería sísmica dice: “La vulnerabilidad existente solo se
puede combatir en el mediano y largo plazo con proyectos de prevención sísmica,
no solo con actividad de perfeccionamiento de las respuestas”.
El experto, quien fue
responsable científico de ese proyecto que creó la ONU, recomienda la ejecución
de un proyecto de renovación urbana, que implica la demolición de alrededor de
1.000 inmuebles vetustos y altamente vulnerables, ubicados en el centro y una
parte del suburbio oeste de la ciudad, así como la reubicación de sus ocupantes
en un programa inmobiliario de tipo social.
También ve prioritario
actuar en planes de reforzamiento, previa una evaluación estructural de
edificaciones que, por su valor histórico, no pueden ser demolidas. “Por
ejemplo, las antiguas unidades de bomberos necesitan ser revisadas, al igual
que un número de hospitales y escuelas”.
Este experto estima
necesario armonizar normativas que, según él, caen en contradicciones. “Para
alcanzar un nivel de seguridad sísmica deseable, la norma sísmica nacional
obliga ahora a mantener separaciones o retiros entre estructuras, situación que
por ordenanza municipal es permitida”.
Ottón Lara Montiel,
ingeniero civil y expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería
Sísmica, sugiere “Como una forma de reducir riesgos, en la ciudad debe
generalizarse el uso de aisladores sísmicos en las construcciones”.
Esta técnica, según explica,
consiste en dotar a una estructura de dispositivos hechos de caucho, plomo y
acero, que se pueden colocar en la cimentación o a nivel del primer piso de una
edificación.
“La energía que libera un
terremoto va a ser tomada por estos dispositivos y la estructura no va a
sentir. Pero esta tecnología aún no se masifica en Guayaquil”, dice Lara.
También sugiere que es
necesario que la ciudad trabaje más en preparar a la población sobre cómo
actuar en caso de catástrofes de esta naturaleza.
“En la gente debe haber un
criterio claro de qué hacer en el momento que ocurre un sismo severo, y eso
creo que no está muy difundido”, afirma.
En las demás municipalidades
poco o nada existe legislación al respecto, no existe una norma estandarizada
al respecto.
En la próxima entrega
analizare el tema de la reconstrucción, reparación, seguros, y que camino
judicial debemos orientar los abogados a las víctimas de este desastre devastador.
Juan José Páez Rivadeneira.
